
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 18 fiscales generales que se opusieron a la aprobación del Digital Asset Market Clarity Act en su forma actual.
En su opinión, el proyecto de ley podría limitar la capacidad de los estados para combatir el fraude en el mercado de criptomonedas y proteger a los inversores. En particular, el Clarity Act podría permitir que la SEC desplace la regulación a nivel estatal, incluidos los requisitos locales de registro para las plataformas de criptomonedas.
Los fiscales generales instaron al Congreso a mantener las competencias de los estados para supervisar la industria de las criptomonedas y investigar las infracciones.